Por Mariella Balbi, publicado en Expreso

‘Los malditos chamos del sur’ siembran el terror en Barranco. Atracaron un cajero de banco, un valeroso policía puso el cuerpo y logró la captura de un malhechor. Así como esta peligrosa banda hay muchas que asolan todo el  Perú, en cada distrito, en cada barrio. Vivimos aterrorizados. Una banda es delincuencia organizada. Va armada, tiene jerarquías: el cabecilla, el encargado del dinero, los que vigilan, etc. Controlan el país. La Policía realiza inteligencia para ubicarlos y hacer seguimiento, pero no basta. Hay un desborde delincuencial. Los peruanos nos jugamos la vida cada día, las balas y la violencia se volvieron un mal endémico. Nadie quiere un robo, menos morir.

La otra cara de la moneda es la vejación fiscal y judicial. Ahí se juega lo más preciado que tiene el ser humano: la libertad. La facultad para decidir según criterio propio, siempre respetando la ley. Las dictaduras eliminan la libertad individual. Con Stalin, por ejemplo, la justicia dependía enteramente del régimen, se convirtió en extorsión y chantaje. Las cárceles estaban llenas y abundaban los fusilamientos.

Actualmente tenemos una justicia propia de dictaduras. Desde la Fiscalía se creó una banda con disfraz jurídico cuyo desbocado poder reside en encarcelar a quien convenga a esos intereses enquistados ahí, el objetivo es político. No interesa respetar la ley. Hace algunos años cuando comenzó el caso Lava Jato, la organización integrada por Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, los fiscales Vela y Pérez destruyeron el Ministerio Público, politizándolo. Demolieron al Fiscal de la Nación de entonces, Pedro Chávarry, destituyéndolo vía la arbitraria Junta Nacional de Justicia (JNJ). Sin fundamento encarcelaron a Keiko Fujimori y a miembros de su partido. Promovieron la traición y la delación. Nadie quiere la prisión.

Ahora también la Fiscalía es un botín. Emergieron actores nuevos como la fiscal Marita Barreto, que pasará a los anales de la historia de la infamia por sus declaraciones: “el acusado tiene que probar su inocencia”, trayéndose abajo un pilar del derecho, la presunción de inocencia. Barreto y la Diviac, la policía política que espía, allana son igualmente avezados. Nuevamente, su poder es privar de libertad a quien no diga lo que el mal llamado equipo especial quiera. Se llama ‘ajustar’.

En el Poder Judicial hay jueces que sepultan lo que dictamina el Congreso y el Tribunal Constitucional. Gracias a ellos Ávalos regresó a la Fiscalía. Algunos están chantajeados, otros son comparsa. Pero el mar de fondo de todo esto es una institución poderosa: la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que, equivocadamente, cree ser un poder del Estado. Destituyó arbitrariamente a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, violando toda norma y su derecho al antejuicio. Abre procesos disciplinarios –término insólito para jueces y fiscales que solo se deben al derecho– y destituye si le conviene políticamente. Además, quienes sancionan son personas que violan la ley.

En el Poder Judicial se extorsiona con la presión, los magistrados están sometidos, asustados con la disciplina de la JNJ, hija del golpista Vizcarra. La libertad está amenazada. Con la intimidación y el miedo esta organización seguirá avanzando. Obviamente hay que reformar esto. ¿Puede hacerlo este Congreso tan desacreditado? Este ‘progrom’ judicial se apoya en un sector de la prensa, garantizando el linchamiento mediático, tan maligno como el judicial. ¡Peor, imposible!