Por Mariella Balbi, publicado en Expreso

Para la DIVIAC, la policía política de Perú, el ‘torito’ es la herramienta para traer abajo, con autorización del juez las puertas que señale el EFICCOP (Equipo especial de fiscales contra la corrupción, feudo de Marita Barreto). Así se tumbaron, innecesariamente, la puerta de la vivienda de la Presidenta Dina Boluarte. En retrospectiva, probablemente se presionó al magistrado constitucional provisional que consintió el violento allanamiento, querían la foto.

Hace un tiempo la política peruana gira en torno a las acciones fiscales, judiciales y policiales. No salimos de ello. El objetivo es adelantar elecciones y que Boluarte sea expectorada del cargo. Es claramente una campaña que moviliza a un sector del sistema judicial, a la JNJ (Junta Nacional de Justicia), la DIVIAC, la mayoría de la prensa que apoya este propósito, IDL claramente, y juristas que sustentan los atropellos, disfrazándolos de legalidad. Boluarte está en el límite del jaque y del mate.

Aún no queda claro quién es el cerebrito(s) tras esta antidemocrática situación. La Fiscalía ha asumido el liderazgo de la desestabilización. El Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, acusó constitucionalmente a Boluarte ante el Congreso por tres relojes Rolex, un par de aretes y una sortija. Todo suma $35 mil. Bastante menos que la costosa camioneta Volvo roja que adquirió el fiscal Domingo Pérez, que el terreno que tiene la fiscal Barreto en Asia; y muchísimo menos que las propiedades del fiscal Rafael Vela. Sin olvidar el alquiler de un inmueble del policía Harvey Colchado (DIVIAC) a su propia institución. Nada se investiga.

La acusación constitucional contra Boluarte es un adefesio cabal, político. Si el Fiscal de la Nación estudió derecho sabe que al presidente en funciones solo se le acusa por tres delitos. Por su lado, la fiscal Barreto, ignorante en derecho como se demostró, abre carpetas ficales a diestra y siniestra, usando demencialmente la prisión como único recurso. Ahora Fiscalía, insensatamente, pide prisión para Keiko Fujimori. Según Jaime Villanueva, colaborador y oráculo, Villena está digitado y amenazado por Gustavo Gorriti, del IDL.

La JNJ destituye a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, se zurra en el antejuicio y en el debido proceso. Cinco miembros de la JNJ son la Constitución, la ley, el Poder Judicial. Son los chicos bravos. Se han sugerido reformas de la JNJ y de la Fiscalía, pero mientras eso se digiere en el Congreso, la tropelía del trío Fiscalía-Poder Judicial, JNJ y DIVIAC prosigue. La JNJ investiga al presidente del Poder Judicial, a una jueza suprema, a la presidenta de la Corte Superior de Lima. Paraliza a quien guste con sus arbitrarios procesos disciplinarios que deben desaparecer ya.

Es una situación cansinamente repetitiva, hastiante. Nos disculpamos por reiterarla. Pero no se puede bajar la guardia. Imagine el lector un adelanto de elecciones en estos agitados tiempos. Estamos sumergidos en una polarización demencial, envenenados. El débil gobierno sigue desgastándose. Difícil gobernar el Perú que dejó Pedro Castillo, gracias a quienes votaron por él. Doblemente peliagudo con una campaña sistemática que desinstitucionaliza al país. En el Congreso se vive el juego de las sillas. Los parlamentarios cambian de bancada –algo que debió prohibirse hace tiempo– de acuerdo al reacomodo electoral. Se afirma que la absurda denuncia constitucional a Boluarte no pasará, aunque no basta. Necesitamos un gobierno.