Por Manuel Sotomayor

El Perú es hoy uno de los países más libres económicamente de América Latina, y esto no es casualidad: es resultado directo de tres décadas de liberalización, apertura al comercio y respeto –aunque imperfecto– al principio de que los mercados deben operar con la menor intervención posible del Estado. Desde la perspectiva liberal clásica de la Escuela Austríaca, que defiende la libertad individual y el orden espontáneo del mercado, el empresariado peruano ha sido un actor central en la transformación del país.

Vale la pena recordar los años noventa. El país estaba quebrado, acosado por la hiperinflación, el terrorismo y un Estado colapsado. En ese escenario, el discurso estatista había mostrado su fracaso absoluto. Fue la apertura a la competencia y la inversión privada la que permitió no solo estabilizar la economía, sino generar un ecosistema donde la iniciativa individual floreció. El pequeño carretillero que recogía basura pudo convertirse en dueño de una flotilla de camiones; el microempresario artesanal pudo dar el salto a exportador; el agricultor del valle costeño pasó a integrar la agroindustria global.

Este proceso no fue un milagro, sino la consecuencia natural de dejar que los individuos persigan su propio beneficio en un marco de reglas claras. Ludwig von Mises lo explicó con precisión: cuando los empresarios invierten, arriesgan y compiten, no solo buscan su ganancia, sino que generan bienestar para toda la sociedad al crear empleos, pagar impuestos y producir bienes más accesibles.

La narrativa de la izquierda, que insiste en que la riqueza es ilegítima y debe ser arrebatada para redistribuirla, es falaz y peligrosa. El populismo necesita pobres para sobrevivir; lo dijeron abiertamente líderes como Chávez o Castro: sin masas dependientes, su proyecto político carece de base. La verdadera narrativa debe ser otra: la libertad económica, con empresarios comprometidos, es la vía al progreso colectivo.

El rol del empresariado no debe limitarse a gestionar su negocio. En una sociedad libre, el empresario tiene también una responsabilidad cívica: involucrarse en el quehacer del país. Esto no implica necesariamente ocupar cargos públicos, pero sí participar gremialmente, promover obras de impacto en sus comunidades, y en algunos casos, asumir el reto de la política activa. El Perú requiere que su clase empresarial sea voz clara frente al avance del estatismo y que defienda, con convicción, el sistema de libertades que ha permitido al país prosperar.

En conclusión, el empresario peruano debe ser protagonista de la política nacional no desde la trinchera ideológica, sino desde la acción concreta y el liderazgo. Defender la libertad es, al final, defender el futuro de todos.