Por Alfonso Bustamante Canny, presidente de la CONFIEP

En los últimos años hemos observado cómo las ONG de tendencia radical captan fondos de la comunidad internacional para financiar una agenda política de desestabilización del sistema productivo nacional. Hacen mal uso de los fondos, utilizando la fachada de defensa de los derechos humanos y del medio ambiente para realizar campañas políticas antiempresa y fomentar la violencia para capturar espacios políticos populistas. Este fenómeno es especialmente preocupante por la complicidad, consciente o inconsciente, de los financistas que no ejercen la debida diligencia sobre el uso de los fondos entregados.

Este es el caso de IDL, receptores de millonarias contribuciones de confundidos o mal intencionados aportantes, destinados a la defensa legal de acusados por terrorismo, entre otros, cuyos fondos son utilizados políticamente, debilitando la institucionalidad y la administración de justicia en el Perú. Es también el caso de Diakonia quien, bajo el paraguas de defensa de los derechos humanos y empoderamiento de la mujer, promueve la protesta social, movilizando a pobladores iqueños de Barrio chino en torno al bloqueo de carreteras con el fin de impedir el tránsito de mercancías perecibles.

Es que algunas ONG han encontrado la forma de lucrar del poblador vulnerable, responsabilizando a la empresa privada de su pobreza, fomentando así una ideología radical. Recurren a organismos internacionales altruistas para obtener financiamiento no reembolsable en proyectos de defensa de los derechos humanos y protección del medio ambiente, sin embargo los fondos recibidos terminan financiando actividades de grupos como CODEH Ica, conocidos por su activismo en contra de las empresas agro industriales. Estas actividades buscan sabotear la economía local y con ello a los trabajadores que dice defender.

Bienvenida la cooperación internacional que promueva la democracia, la libertad y que contribuyan al cierre de brechas. Sin embargo, la integridad de la ayuda internacional depende de la responsabilidad compartida entre donantes y receptores. Solo a través de una vigilancia rigurosa y la implementación de mecanismos de transparencia se puede asegurar que los recursos destinados a ayudar a los más necesitados no sean malversados para fines políticos extremistas.