Por Madeleine Osterling, publicado en Expreso

Nuevamente nuestro querido Perú está en boca del mundo por una causa absolutamente vergonzosa y negativa que nunca debió ocurrir. Es inaceptable que todo el inmenso esfuerzo que se hace para promover el turismo, se vea dañado por una imperdonable negligencia: 129 vuelos desviados y más de 8 mil pasajeros afectados y maltratados que serán portavoces de los peores comentarios sobre nuestro país.

El flamante presidente de Corpac, José Luis Barrios, reconoció que la pista No. 1 del Jorge Chávez no cuenta con mantenimiento desde el 2010. 14 largos años, con el agravante que este problema en el cableado subterráneo podría volver a presentarse, pero se niega a renunciar. Si no tiene la dignidad de irse voluntariamente, hay que removerlo, juntamente con todo el Directorio.

Más irritante aún, que no reconozcan su responsabilidad y a una sola voz con el MTC pretendan escaparse por el camino fácil del caso fortuito. Pues no lo es. No se trata de un hecho natural imprevisible e inevitable sino de una evidente “bomba de tiempo” subterránea para la cual no existía ni plan de contingencia ni generador, ni siquiera una pista No. 2 en funcionamiento. Se alinearon todas las estrellas de la incompetencia para dar lugar a un capítulo nefasto en el sistema de transporte aéreo nacional.

Aeropuertos del Perú es una empresa privada que opera 12 aeropuertos regionales –entre los que desafortunadamente no se encuentra el Cusco– que está ejecutando un ambicioso plan de inversiones y que rápidamente ha quintuplicado el número de pasajeros atendidos en el caso de Piura y Chiclayo. No basta reorganizar Corpac, hay que privatizarla y terminar de enterrar las falsas estigmatizaciones de la Izquierda, que siempre socavan los modelos exitosos.

Las reestructuraciones de las empresas estatales no funcionan porque la gestión sigue en manos del peor gestor: el Estado. Sedapal es otro caso patético. Hasta ahora no comprendo como Fujimori no concluyó el proceso de privatización. Alguna partecita de su corazón sería estatista, aunque a muchos les cueste reconocerlo. La ministra de Vivienda ha reiterado que la privatización de esta empresa no está en la agenda del gobierno. En realidad, es un gobierno sin mayor agenda, pero: ¿A qué le tienen miedo? ¿A eventuales marchas del sindicato, de aquellos ineficientes que serán despedidos, azuzadas por la Izquierda? Otros detractores maliciosamente levantan fantasmas sobre posibles tarifas elevadísimas en caso se privatice y algunos más extremistas se confunden y sostienen que, como la ONU ha declarado que el agua es un “derecho humano” (julio 2010), su manejo, bajo ningún concepto, puede pasar a manos privadas.

Asuman los riesgos y háganlo. El agua más costosa es aquella que no se tiene o que se compra a camiones cisterna, cara y de mala calidad. No utilicemos argumentos populistas. Es posible poner condiciones en el contrato de concesión que favorezcan a las clases más necesitadas.

En La Habana el manejo del agua y saneamiento está en manos de una empresa público-privada en la que participan dos sociedades de capitales españoles. La Constitución chilena, aquella que ni Boric ni el voto popular pudieron cambiar, consagra explícitamente la propiedad privada sobre el recurso hídrico. Margaret Thatcher privatizó íntegramente el agua en el Reino Unido, generando importantes inversiones en infraestructura y un mejor servicio.

A fines del año pasado se creó una comisión con dos consultores internacionales y dos nacionales financiados por el BID y por el BM, respectivamente, para elaborar una propuesta de reestructuración. En marzo pasado se ha creado una comisión, presidida por la ministra de Vivienda, para evaluar y hacer seguimiento a la implementación de propuestas para fortalecer y modernizar Sedapal, por el plazo de dos largos años.

Más consultores y comisiones, pero menos decisión y ejecución: la absurda forma de siempre para dilatar la solución de un agobiante problema en el Perú.