Por Ernesto Álvarez Miranda, publicado en Expreso

Nunca nuestro sistema de justicia fue una maravilla, valgan verdades. Pero jamás la actuación de jueces y fiscales fue tan impredecible y parcializada. Mientras los ciudadanos no encuentran una solución jurídica a sus controversias civiles y comerciales a pesar del paso de los años, los delincuentes tienen subterfugios adecuados para evitar ser condenados, y los políticos están a merced de sus enemigos sin que la presunción de inocencia signifique un escollo para evitar el desprestigio, el despojo, o la cárcel. A diferencia de las crisis de otros países, donde el partido de gobierno influye indebidamente en la administración de justicia, aquí quien domina es un grupo ideologizado que evita presentarse a las elecciones, escondiéndose en el disfraz de periodismo de investigación, siendo receptor de un financiamiento extranjero oscuro y condicionado por una agenda internacional contraria a los intereses nacionales.

Lo positivo es que nuestra crisis es tan grave que ha revelado sus causas y actores, permitiendo que los mejores congresistas impulsen una profunda reforma de todo el sistema, imprescindible para recobrar el Estado de Derecho. Todo proyecto debe de estar sustentado en el sentido común, no más en las churriguerescas teorías de académicos litigantes, expertos en complicar al infinito, el procedimiento para demandar y obtener justicia. Los nuevos códigos procesales deben de ser simples, dirigidos a la solución de las controversias y a la protección de la víctima, y no al revés, tan complejos ahora que permiten el incumplimiento de los acuerdos y la impunidad de los delitos.

La JNJ, o Consejo Superior, debe brindar efectiva independencia al sistema, componiéndose con una mayoría de representantes elegidos por todos los jueces y fiscales titulares del país, dejando de ser así, un ente ajeno y susceptible de manipulación política. En esa línea, los miembros del organismo de control deben de desarrollar una especialidad y una línea de carrera distinta a la judicatura, para evitar que evalúen los casos condicionados por su retorno a los juzgados y salas. La Escuela de la Magistratura debe ser el inicio obligado para todo abogado que desee la carrera de juez o fiscal, escogiendo el destino conforme al orden de mérito de egreso. En cuanto los ascensos, el JNJ o Consejo Superior deben respetar la evaluación efectuada por la Escuela, suprimiéndose para siempre las perniciosas ratificaciones; tanto el juez como el fiscal deben permanecer indefinidamente en su cargo, mientras no sean sancionados por una grave inconducta. El estatus de magistrado debe significar tal prestigio social que sea un riesgo inadmisible cometer una inconducta. Solo así podremos aspirar a una Justicia eficiente e imparcial.