Por Javier Bravo Villarán

El prefacio del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), suscrito por su presidente, Salomón Lerner Febres, concluye con la frase: “Esta historia comienza hoy”. Sin embargo, lo que allí se expresaba ya había empezado a gestarse desde inicios del siglo XXI, cuando George Soros, de nacionalidad húngaro-estado unidense, sostuvo reuniones con Alejandro Toledo Manrique, Gustavo Gorriti y otros ciudadanos peruanos, acordando el financiamiento de lo que se denominó la “Marcha de los Cuatro Suyos”, realizada en julio del año 2000.

El 22 de noviembre de ese mismo año asumió transitoriamente la presidencia del Perú Valentín Paniagua Corazao, quien fue reemplazado por Alejandro Toledo luego de ser elegido Presidente en Julio 2021. Este designó como Primer Ministro a Roberto Dagnino Zapata y como Ministro de Relaciones Exteriores a Diego García Sayán Larrabure, ambos vinculados a la ONG Open Society Foundation (OSF), de propiedad de Soros.

Durante la gestión de Paniagua y el primer año del gobierno de Toledo se sentaron las bases para orientar al país bajo la ideología gramsciana, aplicada por la denominada “progresía caviar” como estrategia para la toma del poder. Dicho enfoque se centró en la hegemonía cultural, la destrucción de la familia y las creencias, la reforma de la educación, el empleo de los medios de comunicación y redes sociales, la manipulación del sistema judicial, la cesión de funciones a organismos internacionales y ONGs, la subordinación a la Corte IDH. Todo ello con el propósito de debilitar al Estado y a sus instituciones, en particular a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú. Asimismo, se inició la liberación de terroristas que, posteriormente, se reorganizaron y crearon nuevas organizaciones, infiltrándose en el Estado y participando en procesos electorales, en coincidencia en muchos aspectos con los intereses de los sectores caviares.

Con el transcurso de los años, los seguidores de Gramsci y diversos grupos marxistas lograron penetrar en el Estado, especialmente en el sistema judicial y en los medios de comunicación, apoyados además por redes sociales, empresas privadas nacionales e internacionales y países vinculados al Foro de Sao Paulo. De esta forma, se consolidó un sistema de corrupción —una verdadera mafia— que fue minando la estabilidad del país. Esta crisis se agravó con el explosivo incremento de la inseguridad ciudadana, resultado de la inmigración indiscriminada de alrededor de un millón y medio de ciudadanos venezolanos desde el año 2017.

Mientras ello acaecía, y con el propósito de evitar que en las elecciones del 2021 resultara vencedor algún candidato demócrata, la mafia caviar, ante el fracaso de sus postulantes, utilizó todo su poder para favorecer al candidato marxista que terminó siendo proclamado ganador por un cuestionado margen de apenas 44,263 votos, en un proceso en el que se registró la ausencia de un millón de electores respecto al proceso anterior.

Este inusual ausentismo se concentró principalmente en la capital, como resultado de la indiferencia o rechazo de un alto porcentaje de la llamada clase dirigente, cuya tradicional actitud de abstenerse de participar en política y acomodarse luego a las nuevas autoridades en función de intereses personales o de grupo, terminó siendo determinante. Es matemáticamente comprobable que, de no haberse producido el nivel de ausentismo que se dio en Lima, el resultado electoral y, en consecuencia, el rumbo del país, hubieran sido distintos. Ello habría hecho innecesaria la intervención constitucional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional el 7 de diciembre de 2022 en defensa de la democracia.

La evidencia es clara: tras cinco procesos electorales, casi todos los “elegidos” y sus sucesores, junto con sus corruptas cofradías, se encuentran hoy en prisión, procesados o sentenciados; mientras tanto, algunos de sus cómplices, cónyuges y familiares están prófugos y disfrutan de la riqueza obtenida fraudulentamente.

Neutralicemos, de una vez por todas, la lacra de la mafia caviar. Actuemos con firmeza frente a la corrupción y la inseguridad ciudadana. Asumamos el compromiso democrático de participar activamente en los procesos electorales, sin mirar hacia otro lado ni evadir la responsabilidad generacional que nos corresponde ante el fiuturo del Perú.