Por Erick Iriarte Ahon, abogado experto en derecho digital
Publicado en El Comercio

Cuando Alemania decretaba inconstitucional el voto electrónico, diversos países habían comenzado el despliegue de soluciones precisamente de voto electrónico. ¿Por qué Alemania iba contra esta modalidad? En la medida en que la tecnología ha ido avanzando, se cree que lo digital es “mejor” (más rápido, más confiable, más algo), y en muchos sentidos esto es consistente.

Sin embargo, cuando se trata del ejercicio de un derecho humano como el voto secreto, termina siendo un problema para las democracias.

Un sistema de votación debe ser auditable, sea digital o no. Debe permitir que cualquier ciudadano pueda “abrir” la caja de votación y ver “que no hay nada extraño”. Este principio de transparencia para evitar que pueda ser ubicado (o estigmatizado) un determinado votante se diluye cuando se tiene una urna digital, en la que el usuario de a pie no puede “mirar” lo que hace la máquina. Si además se añade que no se presentan auditorías o, como en el caso de Venezuela, que la empresa que diseña la máquina de votación indica que la programación ha sido alterada por el gobierno de turno, pues aumenta la desconfianza.

He leído a personas decir que votar debería ser como ir al cajero automático, y ese es precisamente el problema: en un cajero tú necesitas acceder a tus fondos e identificar que tú eres tú (para que nadie tome tu dinero). En un sistema de votación nadie debería poder extrapolar que tú eres quien votó o cómo votaste. A eso debemos añadirle que también debe auditarse la transmisión de votos, su almacenamiento, su procesamiento y cómo se muestra (casos de Bolivia y Venezuela sobran como ejemplos de qué pasa cuando se quiere alterar la voluntad popular).

El último elemento es la rapidez: se dice que votar es más rápido en digital, y la verdad es que votaciones en países con poblaciones extensas, hechas en papel, demuestran que lo digital no es más rápido, sino más peligroso.