Por Juan Carlos Llosa Pazos, contralmirante, analista militar y director general del Centro de Estudios Geopolíticos y de Seguridad Nacional (CEGESEN)
Publicado en Expreso

El viernes último, en medio del escándalo por la nefasta actuación de la ONPE en el proceso de elecciones presidenciales de este año, el comunista que tenemos por presidente decidió no firmar el contrato para la tan anhelada adquisición de los cazas de combate F-16 de los EE. UU., que obedece a años de planificación y de gestión necesarias para garantizar nuestra soberanía, como bien señala el artículo 165 de la Constitución  Política del Perú. Una decisión que, además, daña nuestra relación con los EE. UU., primera potencia del orbe que hasta hace poco nos ha designado como su aliado extra-OTAN.

La renovación de material bélico es indispensable para recuperar las capacidades de nuestro poder militar. Desde el think tank “Centro de Estudios Geopolíticos y Estratégicos” (CEGESE), ya nos hemos manifestado pública y oportunamente en rechazo a esta decisión que linda con la traición a la patria, seguramente motivada por el contubernio zurdo que, a veces, logra que las izquierdas cosmopolitas (caviares) y comunistas (rojas) se pongan de acuerdo para hacer más daño al país.

No podemos permitir que los enemigos de las FFAA, tanto “caviares” como “rojos”, se sigan saliendo con la suya. Han bregado en los más de 25 años que llevamos de República Caviar para que el material de las FFAA no sea renovado adecuadamente. Esto no solo es un descuido glamoroso, sino que también tiene un efecto pernicioso en la moral de los jóvenes que, luego de exigentes estudios en las escuelas de formación militar, ven frustradas sus expectativas profesionales.

Ante esta decisión, opino que los señores generales que ocupan los cargos de presidente del Consejo de Ministros y ministro de Defensa deberían expresar su rechazo y realizar las gestiones necesarias para revertir esta equivocada decisión, puesto que, de lo contrario, sería insostenible su permanencia en el gabinete, si es que son consecuentes con la necesidad que tienen las FFAA de renovar su material.

Se debe considerar que el presupuesto para esta adquisición ya está asignado sin afectar a ningún otro sector. El Estado tiene recursos más que suficientes para construir colegios, hospitales y carreteras, que constituyen demandas sociales insatisfechas e impostergables que no se realizan por incapacidad, corrupción o desidia, afectando la vida de miles de compatriotas.

Es evidente que esta decisión no ha pasado por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, y por lo tanto esperamos que el próximo Congreso de la República haga la respectiva acusación constitucional al comunista Balcázar y que, a su vez, ponga en evidencia los detalles del Plan Rojo que pretende destruir a nuestras FFAA. Este desgobierno nos debe explicaciones claras antes de que acabe su inicuo e intrascendente paso por la Casa de Pizarro.