Por Santiago Carranza-Vélez, publicado en La Gaceta

Un informe demoledor de Prisoners Defenders ha sacado a la luz lo que califica como un sistema de esclavitud moderna en Cuba, donde al menos 60.000 presos son obligados a trabajar en condiciones inhumanas para sostener el aparato económico del régimen castrista.

La organización documenta cómo los reclusos, tanto políticos como comunes, son empleados en la producción de carbón de marabú y tabaco destinado a la exportación, principalmente hacia Europa. Bajo amenazas, violencia y castigos físicos, los presos cumplen jornadas de hasta 12 horas sin salario real ni derechos laborales, en lo que la ONG describe como un «sistema institucionalizado de trabajo forzoso».

Entre los abusos relatados figuran golpizas, aislamiento, privación de alimentos y presiones psicológicas contra quienes se niegan a colaborar. El régimen, según el informe, convierte las cárceles en auténticos campos de trabajo, vigilados por guardias armados y diseñados para generar beneficios que apuntalan la economía de la dictadura.

Prisoners Defenders recuerda que no se trata de un caso aislado, pues la tiranía cubana ya ha sido denunciada por la explotación de médicos en misiones internacionales, otro modelo de trabajo forzado reconocido incluso por Naciones Unidas. La diferencia ahora es que la escala del sistema penitenciario evidencia la magnitud del negocio: decenas de miles de presos convertidos en esclavos del castrismo.

El informe exige una reacción inmediata de la comunidad internacional y señala directamente a la Unión Europea, acusándola de complicidad al permitir que productos manchados por la explotación humana sigan entrando en el mercado europeo.

Lejos de suspender sus relaciones con La Habana, la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, declaró a finales de agosto que la Comisión mantendrá el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) con Cuba, rechazando activar la cláusula de derechos humanos que supondría su suspensión.

La respuesta fue dirigida a una misiva firmada por eurodiputados de VOX como Hermann Tertsch y Jorge Martín Frías, que reclamaban romper con la política de apaciguamiento hacia la dictadura. Kallas, sin embargo, defendió que el acuerdo sigue siendo «una herramienta útil» y llegó a culpar de la crisis cubana al embargo estadounidense, comprando el discurso oficial de La Habana.