Por Carlos E. Gálvez Pinillos, expresidente de la SNMPE
Publicado en Todo Minería

Tanto va el cántaro a la fuente, que al final se rompe. Dicho popular, que los congresistas y miembros del ejecutivo no quisieron escuchar. Ahora, después de haberlo advertido y desoído tantas veces, terminamos en una tragedia. La masacre perpetrada por delincuentes ligados a la minería ilegal, que terminó con la vida de trece jóvenes y, aunque ya exceden de cincuenta los asesinatos en el área de Pataz, esto no satisface a las mafias que la generaron.

Efectivamente, se le ha hecho ver a los congresistas, que con la prórroga del REINFO, sólo se prolonga la impunidad al delito, decretada por el D.L. 1351, en favor de quienes se acogieron al REINFO, bien o mal otorgados.

Lamentablemente, algunos congresistas que no conocen la problemática minera y otros, simplemente corruptos, han aprobado la prórroga del REINFO por seis meses, con posibilidades de que se prolongue hasta por un año. No tomaron en cuenta que, el proceso de formalización ya lleva más de 22 años y se ha formalizado a menos del 3% de los que iniciaron el proceso.

Tampoco consideraron el altísimo nivel de corrupción de las autoridades regionales, responsables de otorgar el REINFO y de verificar su cumplimiento.

Tampoco les interesó velar por el respeto a los derechos humanos de quienes trabajan en esas operaciones, ni del cumplimiento de las normas de protección del medio ambiente. Menos les interesaron las advertencias, respecto a que esta actividad está ligada a una creciente actividad delictiva internacional.

Para nadie es un secreto, la conexión entre el narcotráfico y la minería ilegal, como principal fuente de lavado de dinero. Lo cierto es que, a la fecha, esta actividad criminal produce más del 50% del oro en el Perú. Esto, a precios de hoy, equivale a US$10 mil millones, 7 veces el importe del narcotráfico.

Lo grave de esto, es que:

> El congreso está absolutamente infiltrado de gente ligada a esta actividad delictiva, incluyendo asesores que defienden desde dentro del congreso la minería ilegal y postergan la solución definitiva.

> El poder ejecutivo, no muestra real interés ni celeridad por impulsar la ley MAPE.

> Los gobiernos regionales, no tienen capacidad para gestionar el problema o, lo que es peor, las autoridades regionales están involucradas en esta actividad criminal.

> La fiscalía se ampara en el REINFO, aunque sea caduco y, en el DL 1351 para liberar a esta gente, aunque posean explosivos o mineral del que no pueden demostrar su origen, para hacer que la policía los libere. Lo mismo ocurre con los jueces.

> Como la policía conoce de esta situación, en lugar de capturar a los ilegales y confiscar los minerales, negocia una coima, para “no ponerlos a disposición de la fiscalía”.

En suma, congreso, ejecutivo, fiscales y jueces, han creado el sistema perfecto para que la minería ilegal y la actividad delictiva que la rodea, se conviertan en un negocio que bordea el 3% del PBI del Perú.

Con la impunidad promovida por jueces y fiscales y los inmensos recursos económicos (superiores al presupuesto de seguridad y orden interna), estamos desbordados.

La prueba de que esta actividad se ha salido de control, es la fuga de “Cuchillo”, cabecilla de la banda a la que se atribuye estos asesinatos, por la puerta grande del aeropuerto Jorge Chávez. ¿Nos estamos acercando a México? ¡Cuidado!