La reciente aprobación del informe de calificación sobre la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y exministros, por disolver el Parlamento en 2019, ha reavivado el debate sobre la violencia delictiva contra el Congreso.

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que anuló el acuerdo de ministros de 2022, plantea interrogantes sobre la posible configuración de delitos.

Se cuestiona si durante la clausura del Congreso en 2019 se cometió el delito de violencia contra la autoridad parlamentaria para impedir el ejercicio de sus funciones, tipificado en los artículos 366° y 367° del Código Penal. Este delito involucraría a funcionarios del Ejecutivo que obstaculizaron las labores de los congresistas.

Se argumenta que las acciones dirigidas a paralizar el funcionamiento del Congreso constituyeron un ataque contra la democracia y la separación de poderes. Se plantea que los actos del Ejecutivo fueron improcedentes y arbitrarios, dificultando el ejercicio legítimo de las funciones legislativas.

Este debate resalta la importancia de preservar el Estado de derecho y la autonomía de los poderes del Estado, así como de garantizar el ejercicio efectivo de las funciones parlamentarias en un sistema democrático.