El Poder Judicial inició este martes el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, acusada por la fiscalía de haber recibido millonarios aportes de Odebrecht, OAS y Graña y Montero para sus campañas políticas. El proceso, a cargo del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional presidido por la jueza Nayko Coronado, incluye a otros 18 investigados y podría convertirse en uno de los más relevantes en materia de corrupción en la capital.

La fiscalía solicita una condena de 29 años de cárcel para Villarán, a quien se le imputan los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, colusión, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad ideológica. Según la acusación, la exalcaldesa habría liderado una organización criminal que lavó más de 11 millones de dólares mediante las campañas del “No a la revocatoria” en 2013 y su intento de reelección en 2014.

Antes de ingresar al edificio Zavala del Poder Judicial, Villarán declaró que demostrará su inocencia en el proceso. “El fiscal José Domingo Pérez pide una prisión de 29 años por delitos que no he cometido. No hay colusión, no hay organización criminal, no hay lavado de activos. Vamos a probarlo en el juicio”, afirmó, añadiendo que solo ella y el fallecido exgerente municipal José Miguel Castro conocían de los aportes recibidos.

La exburgomaestre cuenta con la defensa de la abogada Merly Edquén, mientras que otros de los procesados tienen como representantes a penalistas conocidos como Enrique Ghersi, Jorge Zúñiga y Fernando Silva. En la primera audiencia se registró la presencia de los acusados y sus abogados, dando inicio a un proceso que se prevé extenso y complejo debido al volumen de pruebas y testimonios involucrados.

El juicio contra Villarán reaviva el debate sobre el financiamiento de campañas en el Perú y el impacto de los aportes ilícitos de constructoras brasileñas en la política nacional. Las audiencias continuarán en los próximos días y se espera que el tribunal defina la responsabilidad de la exalcaldesa y los demás acusados en lo que la fiscalía ha calificado como uno de los mayores casos de corrupción municipal en las últimas décadas.