El inicio del juicio oral contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán estuvo rodeado de tensiones y reclamos ciudadanos. A las afueras de la Corte Penal Nacional, vecinos de Puente Piedra protestaron contra la exautoridad edil y el fiscal José Domingo Pérez, acusándolos de no haber velado por los intereses de los ciudadanos durante los años en que operaron los peajes cuestionados a cargo de Odebrecht y OAS.

La jornada judicial reunió a Villarán y a otros investigados, entre ellos empresarios y exfuncionarios municipales, además de figuras políticas como Marco Antonio Zevallos, quien enfrenta procesos paralelos. Sin embargo, la sesión se desarrolló en un ambiente marcado por la falta de piezas clave para esclarecer los hechos, lo que complicará el camino hacia la verdad en uno de los casos emblemáticos de corrupción que involucra a constructoras brasileñas.

Uno de los principales obstáculos es la muerte de José Miguel Castro, exgerente municipal y colaborador central en la investigación, ocurrida hace tres meses. A ello se suma la imposibilidad de contar con el testimonio del expresidente de OAS, Leo Pinheiro, lo que reduce de manera significativa las posibilidades de corroborar detalles sobre los presuntos aportes ilegales a las campañas del “No a la revocatoria” y a la reelección de Villarán.

El Ministerio Público sostiene que el dinero fue encubierto mediante actividades ficticias de recaudación y que parte de los recursos habría sido usado para fines personales de la exburgomaestre y su entorno. Entre los señalados se encuentra Luis Gómez Cornejo Rotalde, acusado de administrar activos ilícitos y actualmente prófugo, quien habría recibido un millón de dólares en efectivo de OAS por gestión de Castro.

El proceso judicial también está atravesado por cuestionamientos a la labor del propio equipo de fiscales. Críticos señalan que la demora en procesar la información de los colaboradores, así como la falta de transparencia en investigaciones paralelas, han debilitado la solidez del caso. Así, el juicio arranca con un escenario complejo, donde la ausencia de testigos clave y las dudas sobre la conducción fiscal amenazan con dificultar la búsqueda de justicia.