La Contraloría General de la República anunció que, en un marco de reforma constitucional, podrá acceder al secreto bancario y reserva tributaria de los funcionarios y servicios públicos involucrados en presuntas irregularidades.

La medida se implementará cuando existan indicios de enriquecimiento ilícito en el manejo de bienes y fondos públicos. La directiva permitirá solicitar información financiera de cuentas personales y de posibles testaferros, en acciones de control posterior de tipo forense.

Jeniffer Pérez, gerente de análisis de información de la Contraloría, aclaró que la solicitud de levantamiento del secreto bancario no aplica para la presidenta Dina Boluarte, sino para aquellos funcionarios que manejen fondos públicos.

Respecto a casos como el de Wilfredo Oscorima y Werner Salcedo, se iniciará el análisis de declaraciones juradas para determinar si existe un presunto incremento patrimonial injustificado.

La medida también incluye a congresistas, siendo parte de un esfuerzo por fortalecer el control forense sobre el patrimonio de los encargados de administrar recursos públicos. El objetivo es combatir la corrupción y garantizar la transparencia en la gestión pública.