Una reciente decisión del Tribunal Constitucional ha cambiado las reglas del tránsito urbano en el país. El máximo intérprete de la Constitución anuló la facultad de los municipios para imponer multas o utilizar grúas en casos de vehículos mal estacionados, con el argumento de que estas sanciones solo pueden ser establecidas por ley. La medida ha generado incertidumbre entre autoridades locales y conductores, al dejar sin efecto ordenanzas que se venían aplicando en diversos distritos de Lima y otras ciudades del país.

Según lo informado por la Defensoría del Pueblo, esta decisión busca garantizar el respeto al principio de legalidad y evitar que las municipalidades apliquen sanciones que no han sido establecidas por el Congreso. Sin embargo, la sentencia ha tenido un efecto inmediato en zonas como Jesús María, Pueblo Libre y La Victoria, donde aún operan grúas y persisten los anuncios de remoción de vehículos, pese al nuevo fallo. Esta situación ha provocado reclamos ciudadanos, tanto por la falta de alternativas de estacionamiento como por la continuidad de operativos municipales.

Conductores entrevistados han reconocido que existen infracciones, pero consideran excesiva la respuesta de los municipios, especialmente en contextos sensibles como hospitales o centros educativos. “No había dónde dejar el auto, y me lo remolcaron mientras mi esposa estaba en emergencia”, contó un ciudadano en los exteriores del Hospital Rebagliati. Otros señalaron que, aunque es necesario regular el tránsito, la aplicación de sanciones debe ser más razonable y con respaldo legal claro.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo ha exhortado a los gobiernos locales a cumplir estrictamente con la sentencia del Tribunal Constitucional. De no hacerlo, podrían incurrir en desacato, lo que acarrearía sanciones para los funcionarios involucrados. Mientras tanto, en zonas como el jirón Cotabambas en el Cercado de Lima, la falta de control ha empezado a generar desorden vehicular, con autos estacionados en zonas restringidas.

El fallo ha abierto un nuevo debate sobre la necesidad de reformar el sistema de control del tránsito urbano y de delimitar claramente las funciones entre municipios y el Ministerio de Transportes. Para muchos, el reto es mantener el orden vial sin vulnerar el marco constitucional. Por ahora, los municipios deberán buscar otras formas de gestionar el estacionamiento indebido sin recurrir a multas ni grúas, al menos hasta que se defina un nuevo marco legal.