Fuente: EL REPORTE

En medio de la crisis política, la izquierda le sigue subiendo el volumen a su fantasía reformista: el cambio de la Constitución de 1993. Es una de las tantas demandas que han asentado en la masa de manifestantes, pese a que varios de ellos al ser consultados no han dado respuestas nítidas respecto a qué modificarían, en su totalidad, en la Carta Magna. Esta arenga, del cambio por el cambio, sería incluso encarrilada —por iniciativa de la presidenta Dina Boluarte— si el Congreso no agenda el adelanto de elecciones para octubre de este 2023. En medio de este escenario, el titular del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Morales Saravia, ha tomado la palabra para anunciar que esta oferta es inviable jurídicamente en la actualidad. Además, recordó que siempre fue una alternativa a presión en tiempos convulsos y que al final de cuentas una Constitución no es lo que mejorará el porvenir del país.

Tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, los sectores aliados de este pusieron en marcha una serie de tácticas para que la ciudadanía adopte la falsa urgencia de cambiar la constitución. El principal modus operandi fue el de siempre: el azuzamiento. Tras casi 60 días de protestas han hecho incluso trastabillar a la presidenta, quien en su último mensaje a la Nación se contradijo al advertir que pondría esta esta medida sobre la mesa —dando la encargartura al siguiente Congreso— pese a ser"utilizada por algunas fuerzas políticas para menoscabar cualquier salida democrática a la actual situación".

Esto, sin embargo, no procedería. Así lo señaló el presidente del TC. "Una Asamblea Constituyente, a lo largo de la historia del Perú, siempre se han dado en momentos de convulsión, salidas de golpe de Estado para ir a la democracia. La Asamblea Constituyente podría ser, pero en un ámbito de paz y tranquilidad. Hoy, como están las cosas, jurídicamente no se puede eso porque hay un mecanismo establecido en la Constitución y eso tiene que seguirse, ahora en el futuro, quién sabe", manifestó en declaraciones a la prensa.

"Una Constitución no va a cambiar la realidad de un país. El Perú es una Nación con una brecha histórica en pobreza. Aquí hay como tres países, Lima sola tiene más población que muchos países nórdicos, luego tenemos el sur del país, la selva, las regiones. La gran reflexión que debemos hacer en los últimos 30 años, el Estado peruano, no los políticos. Nosotros hemos podido elevar los niveles educativos, de trabajo e infraestructura. En ninguna parte del mundo el desarrollo se ha hecho en base a las constituciones", agregó.

Aún con esta síntesis del panorama constituyente, la izquierda sigue insistiendo. Si no es el cambio total ipso facto, piden entonces una consulta en una cédula paralela al de las próximas elecciones. Esto habría caído en saco roto si no fuera por la inopinada postura de un miembro de Fuerza Popular, Nano Guerra García. Además de sintonizar con el pedido del frente contrario, de adelantar los comicios para octubre de 2023, ahora desde la Comisión de Constitución y Reglamento, de la que es presidente, viene analizando la posibilidad de agregar una "consulta no vinculante" sobre la convocatoria a una asamblea constituyente. Esto ha quebrado transitoriamente la interna fujimorista. Su colega de bancada, Patricia Juárez, dijo que en su tienda política no se está considerando incoporar este tipo de consultas.

Mientras las calles sigan imponiendo la violencia y las autoridades políticas no se pongan de acuerdo, el futuro inmediato del país solo es la crispación y la incertidumbre.

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