Por Javier Díaz Orihuela, exsenador de la República

Todo se inició con la irresponsable cantaleta: “La explotación del petróleo en Perú debe estar a cargo del Estado”. Un planteamiento trasnochado. Exactamente como la estatización de la banca propuesta por Alan García, que rechazamos en el Senado en 1975, respaldados por una inmensa mayoría ciudadana.

En 1968, finalmente, mediante el Acta de Talara, la IPC reconoció que el petróleo del subsuelo era propiedad de la Nación. Y, en compensación de impuestos no pagados, entregaba al país las instalaciones para extraer crudo con alrededor de 4 mil pozos y la superficie de La Brea y Pariñas. Exceptuando la refinería que fue inversión de la empresa norteamericana.

La demagogia, el afán de sobre salir e irresponsabilidad del presidente de la Empresa Petrolera Fiscal, lo indujo a denunciar que faltaba una página en el contrato celebrado entre su representada y la IPC. Denuncia que fue el sustento de la más desgraciada aventura militar que duró 12 años de dictadura con funestas consecuencias económicas, expresadas en el inmenso endeudamiento externo que dejaron. En la práctica impagable.

Si no hubiera sido por la venta de bonos de deuda externa hecho por el City Bank a precios ínfimos, para con el tiempo recuperar su real valor. Así, Latinoamérica pudo respirar e iniciar una etapa de desarrollo y crecimiento.

Nacionalizada por el velascato, las instalaciones petroleras y la refinería de Talara pero, pagados debajo de la mesa, por el convenio Green-Mercado, se inició una campaña proconstrucción de una nueva refinería, esta vez con craqueo catalítico.
Durante sucesivos gobiernos una serie de personajes insistían en una nueva refinería. Bastaba con modernizar la existente evitando ocurriera la actual esquizofrenia económica financiera de Petroperú y el Estado.

No hay una empresa que subsista si todo su capital y patrimonio de activos es inferior a una inmensa deuda. ¿Por qué se encuentra en esas condiciones la petrolera estatal? Debido a seguir y aceptar las demandas y hasta plegarias de quienes decían que una refinería nueva daría un enorme impulso y su explotación ubicaría a Perú en un importante lugar dentro de la comunidad latinoamericana.

Se inició la construcción del artífice del nuevo milagro. Carecía de los estudios previos antes de poner la primera tuerca. Respondieron los auspiciadores, que se harían conforme avanzara la obra. El inicial presupuesto fue: US$ 1,134 millones. Conforme terminaban los diversos estudios subía hasta llegar a la gigantesca cifra de 6 mil millones de dólares, que se financiaron con aportes del Estado, créditos a corto, mediano y largo plazo.

Hoy, técnicamente, contable y financieramente PetroPerú es una institución quebrada en tal dimensión que ninguna empresa del sector privado pagaría un dólar por ella. Porque además de ese dólar tendría que cancelar de inmediato, a corto plazo, una deuda de US$ 3,500 millones y a largo plazo algo más de US$ 14,200 millones. Y, para seguir operando de inmediato requiere 4,000 millones de soles y un crédito a corto plazo de US$ 500 millones. ¡Catastrófica, millonaria, danza de auspiciadores izquierdistas solventada por el pueblo!