Por Ernesto Álvarez Miranda, publicado en Expreso
Después de su incursión en la península ibérica, los francos de Carlomagno marchaban a Francia cuando la retaguardia de su ejército cayó en una emboscada tendida por tribus vasconas en Roncesvalles; al mando de ella estaba Rolando, quien por soberbia pospuso innecesariamente el llamado de auxilio, pereciendo en aquellos desfiladeros. Para evitar el escándalo, la corte real señaló al ejército sarraceno como autor de ese ataque, y pagó a los juglares del momento para que romantizaran la derrota resaltando el valor de los francos, a través de la conocida la “Chanson de Roland”. Enviaron a las mazmorras a los nobles disidentes, los que luego, abrumados por la humillación y el sufrimiento, terminaron por firmar falsas confesiones y denuncias contra los enemigos de la corona.
El Perú de hoy se parece a Francia del año 778. La diferencia clave es que el poder que manipula la verdad e impone un relato falso de los hechos, no ocupa el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo. El problema de nuestra democracia constitucional es que una ONG fue acumulando poder a la sombra de Toledo, con “capacitaciones” que la vincularon con un puñado de jueces y fiscales ambiciosos, quienes autorizaron luego la incorporación de teléfonos particulares de magistrados y empresarios en las escuchas legales a reconocidas bandas criminales. Así se explica la desesperada protesta de algunos medios de comunicación cuando el TC, hace más de 10 años, intentó prohibir la exhibición de audios y videos irregularmente obtenidos; la presión hizo que algunos magistrados retiraran su firma de la sentencia que hubiera evitado la terrible influencia del poder oculto en el PJ y en el MP.
Con la complicidad histórica de algunos accionistas del mayor grupo empresarial de medios de comunicación, la denominada prensa tradicional se ha sometido a ese poder antidemocrático y colabora por difundir esforzadamente un relato exagerado contra el Poder Ejecutivo y contra el Poder Legislativo, romantizando la labor de un grupo de fiscales que han secuestrado el acuerdo con Odebrecht, y envían a la cárcel o someten a humillantes investigaciones a todo político, periodista o juez, que se niegue a someterse al poder omnímodo y arbitrario de la ONG, la que antes abogaba por terroristas y ahora es defensora tenaz de las constructoras brasileñas.
Quien ejerce poder político sin contar con ningún respaldo electoral es un elemento perturbador en el Estado de Derecho, por lo que debe ser expuesto y eliminado por los representantes del electorado y por los integrantes de la administración de justicia no comprometidos con la organización criminal que, usurpando espacios de decisión, pretende derrotar a los órganos constitucionales obligando la inconstitucional realización de elecciones generales bajo sus reglas y condiciones.
