Por Ernesto Álvarez Miranda, publicado en Expreso

Aparentemente, todos estamos de acuerdo con tratar de elevar la calidad de nuestra clase política para que las decisiones que afectan a toda la sociedad tengan el nivel adecuado de conocimiento, reflexión y eficacia; de lo contrario, el destino del país quedaría seriamente comprometido, pues los aventureros y piratas encaramados en los espacios de poder suelen producir normas arbitrarias y dañinas, inspiradas en los peores instintos humanos. Lo sabemos, pero no atacamos las reglas que nos han llevado a esta situación. Hace cuarenta años teníamos en el Senado a directivos de importantes ONG como Enrique Bernales, sindicalistas como Javier Diez Canseco, socios fundadores de estudios de abogados como Felipe Osterling, empresarios farmacéuticos como Marco Antonio Garrido Malo; ellos no podrían participar en el actual Congreso por la larga lista de incompatibilidades, declaraciones de bienes, impedimento de familiares de contratar con el Estado, transparencia de clientes y de las causas judiciales en los que ha participado no solo el abogado, sino todo el Estudio; y a ello se suma tener que dejar las labores profesionales, por la prohibición de tener una ocupación distinta a la parlamentaria, pues los actuales congresistas se han convertido en empleados de tiempo completo, sesionando desde la mañana hasta la noche. Como es de público conocimiento, esas reglas no cumplen su finalidad, pues hoy existe mucha más corrupción que antes, por lo que el único efecto producido es el alejar a los profesionales exitosos de la actividad política.

Peor aún, el uso de jueces y fiscales para atacar a los adversarios políticos ha provocado que las personas normales dedicadas a satisfacer sus necesidades trabajando esforzadamente, vean con horror la facilidad con la que se destrozan honras y trayectorias de cualquiera que se cruce en el camino de los grupos de poder, muchos de ellos ocultos y antidemocráticos, más parecidos a una “familia” de la Mafia que a una agrupación política. Si no hay una reforma electoral que permita acercar a los representantes con los representados, instaurando el uninominalismo en la Cámara de Diputados; una reforma política que aliente el ingreso a la política de profesionales y jóvenes con genuina vocación de servicio público; y una reforma judicial que separe la carrera de jueces y fiscales de los odios y venganzas de la política; tendremos, inevitablemente, más de lo mismo en las siguientes elecciones generales.

Sería ideal que el Congreso elimine las reglas inadecuadas que impiden el ingreso al Estado de los mejores. En esa línea, hay que desterrar las normas que pretenden evitar la “puerta giratoria”, pues un verdadero especialista no puede renunciar a trabajar en el sector privado, si tuvo la mala suerte de integrar unos meses el equipo de algún ministro o si laboró en alguna dependencia estatal. Si se quiere un Estado eficiente, es absurdo desalentar a los mejor preparados.