Por Óscar Becerra Tresierra, publicado en Expreso

Desde esta columna denunciamos lo que hemos dado en llamar la “costra purulenta” que infecta nuestra sociedad. Cada día vemos que, como en la historia de la adúltera del evangelio, “nadie está libre de pecado” y la putrefacción se extiende a todos los sectores de nuestra sociedad.

Hemos sido testigos cómo, desde hace medio siglo, a través de un estudio de abogados metamorfoseado en ONG y, luego, en blog de la ultraizquierda y la izquierda caviar, cual caballo de Troya, se ha infiltrado las estructuras del Poder Judicial y el Ministerio Público, así como la propia estructura del Estado.

Habiendo construido una armazón con supuesta autoridad moral, también usurpada, este conglomerado se presenta como el arquetipo de la sociedad civil y sus promotores se infiltraron en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) del impresentable Martín Vizcarra para controlar el proceso para designar, ratificar y sancionar a jueces y fiscales, además de nombrar a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Este proceso de copamiento ilegal de entidades estatales fue apoyado en las últimas décadas por oscuros intereses ligados a la corrupción de las empresas brasileras, entre ellas Odebrecht. No es casualidad que esos fiscales y jueces puestos por este grupo de poder hayan concedido a los corruptos brasileros la exención del pago de más de 500 millones de dólares a la SUNAT, así como las utilidades por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.

La mejor prueba de esta corrupción institucionalizada se evidenció en las últimas semanas. Dos miembros del cuestionado JNJ plantearon un amparo en un tribunal donde había magistrados que están en proceso de ratificación (¡por ellos!) y lógicamente obtuvieron una resolución favorable. Si eso no es corrupción, no sé cuál es el significado de la palabra corrupción.

Un segundo paso de su estrategia destructora de la moral pública consistió en pulverizar a los partidos políticos y reemplazarlos por falsos líderes de opinión en medios de comunicación accesibles a sus insondables billeteras.
Considero que es necesario empezar a formular propuestas constructivas que nos permitan reconstruir la moral nacional y desinfectar la herida que fue infectada a todo nivel, en especial por el extremismo de izquierdistas y caviares. Ejemplos tenemos y no hace falta inventar la rueda.

La carrera diplomática cuenta con una formación estrictamente meritocrática y lo mismo sucede con los funcionarios de Banco Central de Reserva. ¿Acaso no es posible implementar una reforma del sistema de justicia que instaure la meritocracia en la designación de jueces y fiscales?

Los futuros magistrados deben formarse estrictamente en una Academia de la Magistratura que ya existe y a la que deben acceder previo examen y exigiendo que los candidatos sean del quinto o tercio superior de las facultades de Derecho.

De esta manera promoveremos que egresen funcionarios probos que asciendan por méritos y no por componendas entre bancadas e intercambio de prebendas como las que nos escandalizan hoy.

En este contexto sería conveniente también establecer un sistema de sanciones severas para castigar de manera ejemplar a los jueces y fiscales que echan a perder el trabajo de la Policía Nacional al liberar a delincuentes que posteriormente reinciden e incluso asesinan a ciudadanos.

Digamos la verdad en voz alta: los jueces y fiscales que liberan a delincuentes y asesinos han sido formados en una ideología izquierdista y caviar que se inició desde la década de los años 90 con ese esperpento que fue denominado “Justicia Viva” (en complicidad con una universidad privada) y que en realidad solo ha traído muerte al país.

El Perú, además, debe exigir que organismos internacionales como la CIDH cumplan la misión para la que fueron creados y no, como hoy, que se han convertido en defensores de los derechos de los desechos sociales, mientras los ciudadanos de bien estamos inermes ante el adefesio en que se ha convertido un sistema que castiga a quienes defienden la legalidad y premia a delincuentes asesinos y terroristas, violentando la soberanía nacional.

Despierta peruano, estamos nuevamente ante una línea como la que trazó Pizarro en la Isla del Gallo, solo que esta vez debemos elegir entre la soberanía y la paz y la putrefacción de la costra purulenta que amenaza con destruirnos.