Por Luis García Miró Elguera, publicado en Expreso

Un fallo histórico del Tribunal Constitucional zanjó la pendencia entre la aberrante Junta Nacional de Justicia –engendro del miserable golpista Vizcarra– valorando la trascendencia del Congreso de la República por encima de cualquier otra entidad estatal. La naturaleza omnipotente que se autoasigna la Junta Nacional de Justicia (JNJ), resulta insufriblemente prepotente. Quienes la integran, ya no debieran seguir considerándose sumos sacerdotes, investidos de un poder inexistente. Por fortuna, ante semejante despotismo el jueves de un sólo papirotazo el TC echó por tierra las pretensiones de la JNJ como intérprete de la Carta Magna, precisando que tanto la constitucionalidad como el orden de prioridades –previsto en los artículos 99 y 100 de la Constitución– faculta al Legislativo a abrirle proceso político a los altos funcionarios del Estado, con el propósito de regular el funcionamiento de una correcta gestión de gobierno, junto con una superior Administración de justicia.

Como se sabe, Inés Tello de Ñecco y su aliado, Aldo Vásquez, formaron parte de la directiva de la Junta Nacional de Justicia; hasta que, últimamente, optaron por sublevarse ante un fallo del Congreso que dispuso sancionar –con remoción– a estos dos exmiembros de la JNJ, por oponerse a que el Legislativo apelara ante el Tribunal Constitucional la írrita protesta de ambos integrantes de la JNJ, sobre un acuerdo votado en mayoría por el Congreso respecto a la edad de Inés Tello, una de sus integrantes, y la inconducta de otro, de apellido Vázquez. Recordemos la prepotencia con que actuó la susodicha Inés Tello de Ñecco, exigiendo seguir en la directiva de la JNJ habiendo sobrepasado la edad constitucionalmente permitida. Por cierto, ambos sujetos se rebelaron contra el poder Legislativo. Aquello obligó al Congreso a sancionarlos por su abyecta inconducta. ¡Resulta inadmisible que ex miembros de la JNJ, como Tello y Vásquez, removidos y previamente inhabilitados por el Congreso, sigan desprestigiando al Estado permitiendo, por ejemplo, que un tipejo como Gorriti continúe actuando como el verdadero Zar del Ministerio Público!

Seguimos empantanados en grave enfrentamiento por impostores como estos, que se han apropiado de la Fiscalía de la Nación para, desde aquel órgano de Justicia, chantajear políticamente a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y demás entidades públicas. ¿Qué pretenden con esto Inés Tello y Aldo Vásquez? ¿Seguir gobernando este país apelando a la extorsión y la represión, como sucede en países totalitarios como Cuba, Venezuela o Nicaragua? Venimos denunciando hace mucho tiempo, preocupados por el grave resquebrajamiento ético-político que ello implica para la vida ciudadana y el orden constitucional. ¡Realidad que repele con energía nuestra sociedad! Como precisa un párrafo del fallo del TC a favor del Parlamento Nacional, conocido la noche del jueves pasado, “Nuestro sistema de administración de justicia se vería mellado si permitimos que determinados miembros inhabilitados de la JNJ nombren, ratifiquen y destituyen a jueces y fiscales de todo nivel. Los efectos de esas decisiones serían nefastos sobre al sistema político en general, porque deslegitimarían todos sus actos”.