Por Antonio Ramírez Pando, publicado en Expreso

En los últimos años, la Policía Nacional del Perú se ha visto sacudida por numerosos escándalos que han mermado su credibilidad y eficacia. El caso que parece que ha pasado desapercibido, según una denuncia, implica a varios oficiales de alto rango en actos de corrupción y malversación de fondos, un episodio que nos obliga a reflexionar sobre la urgente necesidad de reformas estructurales en nuestras instituciones de seguridad.

El 20 de diciembre de 2020, en el Cercado de Lima, se reportó un secuestro fingido, presuntamente orquestado por el mayor PNP Edgar Mesía Vargas y otros oficiales en actividad de la DIVIAC. Este acto habría sido una estrategia para encubrir la pérdida de una laptop que contenía información crítica sobre la rendición de cuentas y los fondos manejados durante los años previos.

Este presunto delito no solo pone de relieve la falta de integridad entre ciertos elementos de la PNP, sino que también subraya la impunidad con la que actúan algunos dentro de la estructura policial.

Más alarmante aún es el involucramiento del coronel PNP Harvey Colchado Huamani, quien estaba al mando de la DIVIAC y es acusado de no rendir cuentas de los fondos estatales asignados a su unidad. Las implicaciones de estas acusaciones son profundas, ya que sugieren un patrón de negligencia y posible corrupción que afecta los niveles más altos de la institución.

Este caso también destaca la aparente falta de supervisión y controles internos dentro de la PNP. La facilidad con la que se pudo simular un secuestro y movilizar recursos de la Policía para encubrir delitos financieros es indicativa de una organización donde las prácticas corruptas han encontrado un terreno fértil para florecer. Es esencial preguntarnos: ¿cómo es posible que estos actos no fueran detectados y prevenidos por mecanismos de control interno?

La situación demanda una respuesta enérgica y transparente por parte del Ministerio del Interior y la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú. No basta con sancionar a los individuos implicados; es crucial implementar reformas profundas que incluyan mejor supervisión, mayor transparencia en la gestión de recursos y un fortalecimiento de los sistemas de rendición de cuentas.

Es imperativo también que se instaure una cultura de integridad y servicio dentro de la PNP. Esto puede lograrse mediante programas de formación ética, pero también a través de cambios en los procesos de selección y promoción, asegurando que los oficiales con un historial claro de integridad y profesionalismo sean los que asciendan a posiciones de liderazgo.

Los ciudadanos peruanos merecen una fuerza policial que los proteja y sirva con honor. No podemos permitir que la corrupción y la falta de responsabilidad socaven esta vital institución. La denuncia presentada no solo es un llamado a la acción para las autoridades correspondientes, sino también un recordatorio doloroso de la distancia que aún debemos recorrer para asegurar una institución policial que sea digna de la confianza de su pueblo.

Esta denuncia se hizo el 12 de agosto de 2022, ante el Ministro del Interior de esa época, para que la derive al Inspector general de la Región Lima, pero hasta ahora duerme el sueño de los justos.