Por José Ignacio de Romaña

En el Perú, el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) nació en 2012 como una medida transitoria para facilitar el tránsito hacia la formalidad de los pequeños mineros. Pero lo que empezó como una solución excepcional se ha convertido en un agujero negro legal. Más de 85,000 operadores informales continúan activos bajo este paraguas, muchos sin cumplir con requisitos ambientales, tributarios ni de seguridad.

En paralelo, el Congreso debatió hace pocos días el proyecto de Ley MAPE (Minería a Pequeña Escala), cuyo predictamen —finalmente rechazado por 12 votos contra 5— proponía que los mineros artesanales pudieran ingresar a concesiones formales sin permiso alguno, sin incurrir en delito penal, y sin exigencia de trámites ambientales, licencias de uso de explosivos ni certificados arqueológicos. En otras palabras: legalizar la informalidad a costa del derecho de propiedad y la seguridad jurídica.

El verdadero problema no es la falta de espacio, sino la falta de reglas claras que se hagan cumplir. La propuesta MAPE no buscaba inclusión, sino impunidad. Y legislar para permitir que alguien explote lo ajeno, sin contrato, sin regulación y sin castigo, es atentar contra la columna vertebral de cualquier democracia: la igualdad ante la ley.

Algunos congresistas justifican estas medidas bajo el argumento de que no hay espacio para los pequeños mineros. Nada más alejado de la realidad. Los mineros que desean trabajar tienen la alternativa de acceder a áreas libres mediante el procedimiento formal o, en su defecto, negociar acuerdos con el titular de la concesión, cumpliendo las normas de seguridad, ambiente y tributación.

Legislar para permitir que alguien explote lo ajeno, sin contrato, sin regulación, sin castigo, es el camino directo a la disolución del Estado de derecho.

Y esto no es un invento. Ocurrió recientemente en Estados Unidos, donde durante la administración Biden, estados como California aprobaron normas que despenalizaban los robos menores a USD 950, convirtiéndolos en simples faltas. El resultado fue catastrófico: cerraron cientos de tiendas, aumentó la criminalidad, se perdieron empleos y se instaló un ambiente de impunidad. Puedes robar, pero poco… puedes invadir, puedes contaminar, puedes destruir el legado histórico…pero poco.

En el Perú ya vivimos una experiencia parecida en los años 70. La Reforma Agraria expropió más de 15 millones de hectáreas a empresarios agrícolas e industriales, sin preparación ni reemplazo eficiente. La consecuencia fue la destrucción de la agroindustria nacional, la caída de la productividad y el empobrecimiento rural, cuyas secuelas todavía sufrimos. Todo se hizo bajo una consigna que caló hondo, pero que fue aplicada sin planificación ni justicia: “La tierra es para quien la trabaja”, dijo el general Juan Velasco Alvarado: el resultado fue devastador.

El mensaje que da una ley como la MAPE o la extensión indefinida del REINFO es simple: “Si no estás usando tu propiedad, alguien más puede hacerlo, sin pedirte permiso”.

Hoy es una concesión minera, mañana puede ser un terreno, una oficina, un inmueble. Si se destruye la noción de propiedad y de cumplimiento de la ley, el Perú no va hacia la inclusión, sino hacia la anarquía.

La Constitución Política del Perú es clara:

“Toda persona tiene derecho a la propiedad… Nadie puede ser privado de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada” (Artículo 70).

Y también afirma:

“Toda persona es igual ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.” (Artículo 2, inciso 2).

Entonces, ¿por qué se legisla para una minoría, permitiéndole contaminar, ocupar, y operar al margen, mientras a los formales se les exige cumplirlo todo?

Esto no es una cruzada contra el minero artesanal ni contra los informales por necesidad. Es una defensa del orden, del medio ambiente y del desarrollo sostenible. Existen vías para formalizar, pero bajo reglas claras y con plazos razonables. El Estado debe tender la mano, pero también exigir reciprocidad.Ayudar no es legalizar la ilegalidad. Incluir no es premiar al que invade.

Como advertía Abraham Lincoln:

“Permitir la injusticia es abrir el camino a la anarquía.”

Y lo resumía Aristóteles:

“La peor forma de injusticia es la justicia simulada.”

No se puede construir un país si la ley se vuelve un traje a medida para quien grita más fuerte o bloquea más carreteras. La ley es para todos o no es ley.

Hoy son las concesiones mineras. Pero si ves las barbas del vecino cortar, pon las tuyas a remojar: si permitimos que se legalice la invasión, mañana nadie podrá defender lo suyo. Ni su tierra, ni su empresa, ni su familia.

La anarquía no llega con discursos revolucionarios. Llega en forma de leyes populistas que destruyen el Estado.