Por Alejandro  Navas, publicado en El Confidencial Digital

Es el mensaje que desde la Moncloa se está haciendo llegar a periodistas críticos con el Gobierno. A la vuelta de su retiro de cinco días, el presidente Sánchez nos avisó: hay que poner coto a los bulos y a la desinformación que llevan a cabo los “pseudomedios”, alineados con la derecha y la ultraderecha. Dicho y hecho. El primer paso es la amenaza, más o menos velada, a los disidentes. Pero el mero aviso verbal no basta y desde la esfera gubernamental se reclaman medidas enérgicas contra las voces disonantes: desde una ley de medios hasta la supresión de la publicidad institucional, pasando por la elaboración de listas negras (hay que facilitar la identificación del enemigo).

La hostilidad de Sánchez hacia la prensa crítica viene de lejos. Ya en 2019 creó la “Comisión Permanente contra la Desinformación”, el tipo de entidad que no encaja en un país mínimamente democrático; en 2023 dio un paso más con el “Comité contra la Desinformación de la Derecha”, que se proponía más en concreto “desmontar las mentiras del PP”. La intención estaba clara, aunque luego no se ha sabido más de esos dos organismos. Al parecer, han sido víctimas de la inoperancia que aqueja a tantos ámbitos de la burocracia pública (en ocasiones, hay que celebrar la inactividad de la Administración). Hasta el amago de dimisión. El presidente Sánchez parece sentir cada vez más intensamente lo precario de su posición y emprende una especie de huida hacia adelante. La caza de brujas se convierte así en elemento central de su estrategia de supervivencia.

Sánchez no es un caso aislado, desgraciadamente. En estas mismas fechas, el Gobierno ruso castiga a periodistas en aplicación de la ley anti-bulos. Su delito: contar la verdad de lo que sucede en la guerra de Ucrania (ahora en concreto, las matanzas de Bucha). Y en Santiago de Chile se han reunido asociaciones de prensa nacionales e internacionales, defensoras de la libertad de prensa, para suscribir la “Declaración de Santiago +30”. El propósito es “consolidar la libre expresión como un derecho humano fundamental y piedra angular de las sociedades democráticas e informadas”. Entre otras cosas, el documento pide a los Estados “evitar las narrativas de polarización, proteger a los periodistas y garantizar el libre flujo de información y el acceso a la información pública”. No es que piensen en España, se trata de un peligro de alcance mundial, de una auténtica pandemia.

La libertad de expresión constituye un bien tan precioso como frágil. Hace más de doscientos años, el filósofo Kant explicaba cómo el deber de obedecer al legítimo soberano es inseparable del derecho a criticar. Si el gobernante impide el debate, o bien no tiene argumentos para justificar su postura y gobierna de modo caprichoso, o bien busca un objetivo ilegal y pretende evitar que el asunto se haga público. Casi a la vez y desde el otro lado del Atlántico, los comentaristas de la Constitución estadounidense formulaban una defensa clásica de la libertad de expresión. Según Thomas Jefferson, la prensa libre resulta más necesaria que los propios partidos políticos para el buen funcionamiento de la democracia. Saltamos al siglo XX, para citar a Elias Canetti: “El secretismo anida siempre en el corazón del poder”. Esa tentación es inherente a todo gobierno, sea cual sea su orientación ideológica. De ahí la importancia de la prensa libre y de la opinión pública informada.

La democracia como procedimiento regula el acceso y el ejercicio del poder: voto popular, separación de poderes, imperio de la ley, respeto a las minorías. Además y sobre todo, consiste en una cultura donde impera la libertad: para votar y ser votado, para debatir sobre lo que conviene hacer. Debatir es criticar y proponer, y los que mandan deben tener estómago para encajar. En nuestro país se advierte un claro déficit de esa cultura democrática: más intercambio de insultos y descalificaciones que de ideas. Denunciarlo y reflexionar sobre sus causas y posibles remedios es condición necesaria para superar el impasse en que nos encontramos. Y aquí el papel de los periodistas se hace imprescindible.

El presidente Sánchez es un caso único en Occidente: ningún jefe de Gobierno en ejercicio de su función ha publicado (que no escrito) dos libros autobiográficos, ni grabado con dinero público una serie televisiva sobre su carrera (afortunadamente, ningún canal se ha atrevido a emitirla: queda un resto de vergüenza incluso en los medios afines), ni tiene una esposa “conseguidora de fondos”, ni casi ochocientos asesores personales, ni llama cambio de opinión a la simple mentira. Todo al servicio de un ego desmesurado.
Por el bien del país deseo que Alfonso Guerra tenga razón con sus recientes declaraciones a The Times: “La prensa es un elemento central de la democracia. Existe un código penal para abordar la difamación, no hay necesidad de más. Un gobierno que ataca a la prensa está cavando su propia tumba”. 

 
Alejandro Navas

Sociólogo

Pamplona, mayo de 2024