Aunque la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el caso ‘Cócteles’ representa un giro histórico en el proceso seguido contra Keiko Fujimori, especialistas en derecho penal advirtieron que esta decisión no alcanzaría a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.

A diferencia de Fujimori, Villarán enfrenta cargos vinculados directamente a su gestión pública y presuntos actos de corrupción durante su paso por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

La exprocuradora ad hoc del caso Lava Jato, Katherine Ampuero, explicó que la resolución del TC se limita a los casos en los que se acusó lavado de activos derivados de aportes de campaña antes de 2016, figura que entonces no estaba tipificada como delito. Sin embargo, precisó que Villarán enfrenta cargos más graves, asociados a corrupción de funcionarios, que no quedan comprendidos dentro del fallo constitucional.

“Hay que diferenciar los procesos. En el caso de Villarán, además del lavado de activos, subsiste el proceso penal por delitos de corrupción vinculados a su función ejecutiva como alcaldesa. Por ello, no podría beneficiarse de la anulación dictada por el TC”, afirmó Ampuero, destacando que los sobornos de empresas como Odebrecht y OAS se habrían entregado a cambio de beneficios en la concesión y estabilidad de los peajes de Lima.

La especialista cuestionó, además, la decisión del fiscal José Domingo Pérez de suspender la audiencia de juicio oral bajo el argumento de revisar los efectos del fallo. “Esperamos que esto no se utilice para quebrar el proceso. Si se reinicia desde cero, sería un retroceso grave y atentaría contra el plazo razonable del juicio”, advirtió.

En consecuencia, aunque la decisión del Tribunal Constitucional podría cerrar el proceso por financiamiento político a Fujimori y otros involucrados, no tendría el mismo impacto en el expediente de Villarán, cuyo caso se mantiene vigente por delitos cometidos en el ejercicio de la función pública. Según Ampuero, este componente es suficiente para que continúe respondiendo ante la justicia por los presuntos actos de corrupción detectados en su gestión municipal.