El ministro de Justicia, Walter Ortiz Martínez, anunció un conjunto de medidas excepcionales en el marco del estado de emergencia que rige en Lima Metropolitana y el Callao, orientadas a reforzar la seguridad y el control interno en los establecimientos penitenciarios.

Entre las disposiciones principales figuran el “apagón electrónico” y la restricción del régimen de visitas, además de una intervención conjunta de las fuerzas del orden en los alrededores de los penales.

El titular del sector explicó que el corte eléctrico se aplicará para todos los usos distintos a la iluminación, con el objetivo de evitar la carga y utilización de dispositivos electrónicos dentro de los recintos. La medida busca frenar las comunicaciones ilegales y la coordinación de actividades delictivas desde el interior de las cárceles. En paralelo, las visitas presenciales serán limitadas: los internos del régimen cerrado ordinario podrán recibir una visita cada quince días, mientras que los del régimen de alta peligrosidad tendrán dos en el mismo periodo.

Ortiz informó que las decisiones fueron adoptadas luego de los operativos simultáneos ejecutados en los penales de San Juan de Lurigancho y Ancón, donde se incautaron armas blancas, celulares, dispositivos satelitales y libretas con información sobre actividades ilícitas. Además, anunció que se iniciarán intervenciones para desmontar antenas ilegales ubicadas en zonas cercanas a los penales, en cumplimiento de la norma que prohíbe instalaciones de ese tipo a menos de 200 metros de los recintos.

El plan de emergencia incluye la creación de comandos conjuntos integrados por la Policía Nacional, el Ejército y los serenazgos municipales, encargados de patrullar los alrededores de los penales y reforzar la vigilancia perimetral. Estas unidades realizarán controles de identidad, fiscalización del tránsito y monitoreo de posibles puntos de apoyo logístico a organizaciones criminales que operan desde los establecimientos penitenciarios.

En cuanto al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el ministro precisó que todos los trabajadores serán sometidos a pruebas con polígrafo como parte de un proceso de evaluación preventiva. Esta medida tiene como finalidad garantizar la integridad institucional y evitar cualquier nexo con redes delictivas internas o externas.

Ortiz Martínez subrayó que las disposiciones responden al Decreto Supremo que establece el estado de emergencia y que serán aplicadas en todos los penales de Lima y Callao. “No se trata solo de mayor control, sino de recuperar la autoridad del Estado dentro de los centros de reclusión y cortar los vínculos criminales que se gestan desde ellos”, afirmó el ministro durante su presentación ante la prensa.