La fiscal de lavado de activos Manuela Villar Ramírez, estrecha colaboradora del fiscal Rafael Vela, enfrenta serias sospechas de enriquecimiento ilícito luego de que se revelara un abrupto incremento en su patrimonio que no se condice con sus ingresos como funcionaria pública. Pese a la gravedad del caso, la fiscal ha optado por el silencio.

Según registros públicos y un reportaje del programa ContraCorriente, Villar Ramírez posee al menos seis propiedades, tres de ellas adquiridas por un monto total aproximado de un millón de dólares. La investigación destaca la rapidez con la que fueron cancelados los préstamos hipotecarios, en algunos casos en menos de 18 meses, mediante pagos de hasta 40 mil soles, cifras imposibles de justificar con su salario reportado.

Uno de los casos más llamativos es la compra de un departamento en Miraflores por 250 mil dólares en noviembre de 2022. La fiscal accedió a un crédito de casi 970 mil soles que comenzó a pagar en julio de 2023. A la fecha, solo restan 46 mil soles por cancelar, lo que sugiere un abono extraordinario del 95% del total en menos de año y medio.

El historial de adquisiciones también incluye una casa en Surco comprada en 2018 por 430 mil dólares y otra en Monterrico adquirida en 2012 por 270 mil. Ambas propiedades también habrían sido pagadas en plazos sorprendentemente cortos. En su declaración jurada de 2022, Villar reportó ingresos por 18 mil soles en el sector privado y poco más de 14 mil en el público, sin mayores detalles que expliquen su capacidad financiera.

Estas revelaciones han encendido las alarmas dentro del Ministerio Público, especialmente por tratarse de una fiscal vinculada a investigaciones complejas de lavado de activos. Su falta de respuesta, en lugar de aclarar las dudas, alimenta aún más las sospechas sobre el origen de los fondos que han permitido la adquisición y rápida cancelación de estas propiedades.

El caso de Villar se suma a una serie de cuestionamientos sobre el patrimonio de otros miembros del Ministerio Público, en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser pilares de la institución encargada de luchar contra la corrupción.