El último fin de semana, se lanzó una ofensiva a gran escala contra la minería ilegal en el corredor vial sur, desarrollando interdicciones y destruyendo equipos e infraestructura de quienes violan los derechos de propiedad de las concesiones de la minería formal.

Esta acción refleja la comprensión de que no se puede permanecer indolentes frente a la minería ilegal, que evade impuestos, destruye el medio ambiente y no crea empleo formal, mientras se protege la minería moderna que contribuye al fisco y desarrolla altos estándares medioambientales.

Efectivos de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el apoyo de la División de Seguridad Contraminas de la PNP, la Dirección de Operaciones Especiales de la PNP y representantes del Ministerio Público, ejecutaron una de las mayores interdicciones en el distrito de Tambobamba, en la provincia de Cotabambas, Apurímac.

Se destruyeron dos campamentos precarios y un socavón de 400 metros de profundidad, además de incautar maquinaria valorada en aproximadamente S/ 2.5 millones.

Además, la PNP cumplió un mandato judicial que ordenaba el desalojo de mineros ilegales en el tajo Chalcobamba de la empresa Las Bambas. Sin embargo, estos mineros incitaron a la violencia contra la policía y difundieron información falsa alegando ser los agredidos. Semanas antes, la PNP incautó un camión lleno de explosivos y arrestó a cuatro mineros ilegales con 60 toneladas de cobre puro valorado en S/ 3 millones.

El Estado está reaccionando contra la minería ilegal, que avanza silenciosamente y se alía con el crimen organizado, creando zonas liberadas de la autoridad de la Constitución y las leyes nacionales. En la provincia de Pataz, La Libertad, esta alianza ha dejado 17 trabajadores muertos y 23 heridos, además de causar graves daños a la infraestructura.