Por Martha Chavez, publicado en Expreso

Como integrante del Congreso Constituyente Democrático (CCD), que redactó la Constitución Política de 1993 y sobre todo como parte de la bancada fujimorista, fuerza congresal mayoritaria que presentó un proyecto constitucional orgánico frente a iniciativas puntuales de otras bancadas, puedo señalar que apoyé con entusiasmo y clara convicción el criterio de que los poderes Legislativo y Ejecutivo deberían estar lo más lejos posible del proceso de designación de los altos funcionarios de entes públicos tales como magistrados supremos, embajadores, oficiales generales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Creado el Sistema Electoral, apoyé también mantener el mecanismo de designación de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que establecía la Constitución de 1979 y la propuesta referida a que los jefes de los nacientes Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) sean nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia (JNJ).

A estas alturas y considerando que la buena intención de despolitizar en lo posible la designación de los altos funcionarios ha sido instrumentalizada y aprovechada con fines torvos y de camarilla por parte de fuerzas ideologizadas que buscan gobernar sin someterse a la voluntad popular, a la que por definición desdeñan, creo llegado el momento de corregir esa intrusión o apropiación indebida del poder, que en una sociedad democrática y civilizada debe tener origen en la voluntad ciudadana y ser asignado en su representación.

Por las razones anotadas, considero llegado el momento de que sea el Senado de la República –a ser instalado en julio de 2026 según reciente reforma constitucional, que respeto pese a ser yo favorable a la unicameralidad– el órgano que se encargue de la designación de los miembros de la JNJ, de los miembros del JNE y los jefes de la ONPE y el RENIEC. No considero con la misma urgencia decidir si regresa al Senado la ratificación de embajadores (creo que en el caso de los embajadores políticos o en retiro, correspondería) y la alta oficialidad castrense y policial.

Más allá de los defectos, especialmente por conductas personales de los congresistas al ejercer su cargo, que aquejan y se atribuyen al Congreso de la República, esta institución resulta siendo la más representativa de la voluntad popular, en la medida que es el sufragio directo el que escoge a los parlamentarios, incluso nominativamente gracias al voto preferencial.

La votación calificada que sea requerida para la designación de los señalados funcionarios asegurará una mayor transparencia y legitimidad.