La reciente declaración de emergencia en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, y la solicitud de aplicarla en 33 distritos de Lima Metropolitana, resalta la creciente preocupación por la seguridad ciudadana en la capital peruana. Sin embargo, estos distritos más inseguros también son los que menos recursos tienen para abordar el problema.

San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, junto con Cercado de Lima, lideran las estadísticas de denuncias por delitos ante la policía, representando el 18% de todas las incidencias en 2022 y en los primeros cuatro meses de 2023, según el INEI. Sorprendentemente, su presupuesto per cápita para el orden público es de menos de S/22, una cifra que es significativamente inferior al promedio distrital de Lima, que es de S/66 por persona.

Esta brecha en los recursos también se refleja en los distritos del norte de Lima, que han solicitado la declaración de estado de emergencia y tienen presupuestos per cápita por debajo de S/47. Estos municipios se ubican en la mitad inferior del ránking presupuestal distrital en seguridad por habitante.

A pesar del anuncio del Gobierno de invertir S/54,5 millones adicionales en estas zonas en estado de emergencia, solo S/15 millones se destinarían a estas tres comunas.

Por otro lado, distritos como Santa María del Mar, San Isidro y Miraflores cuentan con más de S/400 por habitante para combatir la delincuencia, liderando en recursos per cápita.

Para el 2023, los 43 municipios limeños disponen de S/665,1 millones para garantizar la seguridad, pero hasta la fecha, solo han invertido el 52,7% de estos fondos (S/350,8 millones).

En este contexto, los alcaldes de distritos como Los Olivos piden un aumento significativo en sus presupuestos para poder abordar efectivamente el problema de la seguridad. El alcalde Felipe Castillo señaló que, aunque han tomado medidas como la creación de un comando de vigilancia y una base de datos de reconocimiento, necesitan duplicar su presupuesto para cumplir con los estándares necesarios en cuanto a la cantidad de serenos y efectivos policiales.

Es evidente que los municipios desempeñan un papel crucial en la lucha contra el crimen, especialmente en la prevención, según Noam López, investigador del centro de investigación Pulso PUCP. López argumenta que los gobiernos locales deben invertir en estrategias específicas de prevención, que van más allá de aumentar el número de serenos o comprar equipamiento, e incluir medidas como la regulación de armas y la intervención en el reclutamiento de jóvenes por organizaciones criminales. Según López, el estado de emergencia, por sí solo, no es la solución definitiva al problema de la inseguridad.