El Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder, liderado por la fiscal Marita Barreto, ha solicitado al juez Richard Concepción Carhuancho la inaplicación de la Ley 32108 mediante el control difuso convencional.

Según la fiscalía, esta norma sería inconstitucional y violaría tratados internacionales suscritos por el Perú, especialmente en lo referente a la protección de los derechos humanos ante amenazas como la criminalidad organizada y la corrupción.

Este pedido surge en el marco de la investigación que involucra a Nicanor Boluarte y otros sospechosos, quienes son acusados de presuntamente integrar una organización criminal. La fiscalía busca que, ante la gravedad de los delitos que se investigan, el juez pueda actuar en base a normas internacionales que protejan más eficazmente los derechos humanos, dejando de lado la Ley 32108.

El control difuso convencional es una herramienta jurídica que permite a los jueces no aplicar una ley cuando esta entra en conflicto con la Constitución o con tratados internacionales de los que Perú es parte.

En este caso, la fiscalía considera que la referida norma va en contra de principios fundamentales para la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada, afectando así los derechos de las víctimas y de la sociedad en general.

El pedido de la fiscalía será debatido en la próxima audiencia donde se evaluará el requerimiento de prisión preventiva contra los investigados, acusados de presuntamente formar parte de una organización criminal. La audiencia, presidida por el juez Concepción Carhuancho, será clave para definir el futuro de los procesados y marcará un precedente en el uso del control difuso convencional en casos de corrupción de alto perfil.